La Comisión Europea ha publicado este miércoles 4 de junio el Paquete de primavera que forma parte del Semestre europeo, el mecanismo europeo de coordinación de las políticas económicas y sociales entre los Estados miembro. Dicha publicación se compone de varios documentos que analizan la situación de cada país para dar, a su vez, una serie de recomendaciones políticas.

En el análisis de situación destaca el hecho de que, a pesar de las desviaciones fiscales que se han producido como consecuencia de la DANA (la cual supuso un aumento inesperado del gasto público), España podrá cumplir con los requerimientos que exigen las reglas fiscales. Esto, que se ha debido principalmente a los buenos datos de crecimiento de la economía española (2,6% en 2025), supone una buena noticia, ya que no se exigirán recortes de gasto adicionales a la ya planificada por el Gobierno.

Por tanto, dentro del documento que presenta las Recomendaciones Específicas por Países (REP), no se han incorporado exigencias hacia una mayor consolidación fiscal, como sí aparecía en periodos anteriores. Todo ello a raíz de la buena situación que atraviesa la economía española en términos macro. Por eso, aunque España presentara una cifra de déficit fiscal del 3,2% en 2024 (0,2% por encima de lo que exigen las reglas fiscales), la previsión del Ejecutivo europeo apunta a que este se reducirá hasta el 2,8% a final de 2025.

Sin embargo, el informe REP apunta también hacia otras debilidades de la economía española sobre las que el sindicato viene advirtiendo:

1.    Sobre la mejor adaptación al cambio climático: la Comisión advierte de que es necesaria una mejor administración del agua, un recurso tan necesario para la supervivencia humana como para la agricultura y para la conservación de la naturaleza. Además, se recomienda una mayor capacidad para almacenar energía sostenible y una mayor interconexión transfronteriza, lo que hubiera reducido el impacto del apagón que afectó a toda la península.

2.    Sobre el incremento de la oferta de vivienda: el Ejecutivo europeo ha apuntado a la falta de vivienda protegida en España, y la compara con la presente en el resto de Estados miembros. Mientras en España el stock de vivienda social en alquiler es del 1,5% del total, la media de la UE se sitúa en el 9%. Resulta, por tanto, urgente atajar la falta de oferta de vivienda en alquiler y se requiere generalizar modelos como el de la casa Orsola, en Barcelona, que permitió aumentar el parque público de vivienda optando por el derecho de tanteo y retracto. Además, es necesario reducir la cantidad actual de pisos de alquiler vacacional, los cuales limitan la oferta de vivienda residencial en zonas turísticas y en las principales ciudades de España.

3.    Sobre el exceso de riesgo de pobreza infantil: en este apartado se advierte de que la cobertura y la adecuación de las ayudas y las transferencias sociales deben mejorarse para que estas lleguen eficazmente a las personas en situación de riesgo. 

4.    Sobre la formación de las personas trabajadoras: como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la UE apunta al alto ratio de abandono escolar existente en España, algo en lo que nuestro país debe mejorar. También debe hacerlo en lo relativo a la formación continua de la persona trabajadora, la cual desde UGT seguimos reclamando que debe realizarse tanto fuera como dentro de los centros de trabajo. 

A su vez, desde el sindicato se debe advertir que otras recomendaciones merecen un análisis más crítico, o, al menos, suscitan algunas dudas sobre sus efectos en las condiciones de vida de la mayoría social del país:

1.    La propuesta de reforma del sistema tributario que presenta el Ejecutivo europeo ofrece ciertas dudas sobre su capacidad redistributiva. Si bien se hace mayor hincapié en una mayor recaudación de impuestos, entre otras medidas desde el gravamen a la riqueza, se recomienda también una mayor utilización del IVA para que los impuestos al consumo ganen más peso en relación a los provenientes de la renta del trabajo. Esto podría poner en riesgo la progresividad del sistema tributario afectando en un mayor grado a las familias con menores ingresos.

2.    En relación con la simplificación normativa propuesta por la UE, y que se deriva en buena medida del informe Letta, cabe mencionar que entraña graves riesgos de acabar en una pérdida de derechos laborales. La armonización legislativa que se podría proponer con el 28º Estado, la cual sigue debatiéndose en la UE, podría proponer la aplicación del principio de país de origen en la normativa laboral. Por lo que una persona trabajadora desplazada podría no obtener los derechos del país donde trabaja. 

Otras propuestas de simplificación tienen que ver con la minimización de los requisitos administrativos relacionados con la movilidad de las personas trabajadoras o con la revisión de las regulaciones que limitan el acceso a las diferentes profesiones en los diferentes Estados miembro. Además, esta flexibilización podría agravarse con la propuesta de digitalización de formularios (como el emitido en el marco de la coordinación de los sistemas de seguridad social en la UE) y la fusión de requisitos entre Estados miembro, lo que podría dificultar la monitorización de prácticas abusivas por parte de las empresas. La UE no debería fomentar la competencia a la baja en materia de derechos laborales entre los empleadores. 

3.    En lo relativo a la recomendación de que se redistribuyan recursos procedentes del Fondo de Cohesión hacia partidas que aumenten la competitividad empresarial, el sindicato quiere manifestar que, para no perjudicar otras partidas sociales incluidas en este fondo, se debe optar por la ampliación del presupuesto comunitario y no por una simple distribución de los recursos ya existentes. Esto se podría lograr a través de recursos propios provenientes de impuestos a la riqueza o de nuevos impuestos a las ganancias del capital a nivel europeo.

En conclusión, el análisis de la Comisión Europea refleja una valoración positiva de la situación macroeconómica de España, que permite evitar nuevas exigencias de ajuste fiscal. Sin embargo, el informe también señala retos estructurales relevantes en ámbitos como la adaptación climática, el acceso a la vivienda, la lucha contra la pobreza infantil o la mejora de la formación de las personas trabajadoras. Además, vemos necesario valorar críticamente algunas recomendaciones que, si bien buscan mejorar la competitividad, podrían implicar riesgos para la cohesión social si no se abordan con una estrategia redistributiva más ambiciosa y con una financiación europea reforzada.

Adicionalmente, no puede dejarse de advertir la inadecuación de las reglas fiscales aprobadas en 2024 al momento actual en el que se encuentra la economía europea, la cual necesita de fuertes incrementos de la inversión para afrontar las transiciones verde y digital. España, con sus buenos datos de crecimiento del PIB ha podido escapar a la disciplina fiscal, pero esto no descarta futuras recomendaciones de contención del gasto cuando la economía crezca a un menor ritmo.